El Parlamento de Países Bajos ha votado contra el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), indicando que ningún tratado semejante debe ser firmado por el Gobierno del país.
El polémico ACTA promueve el establecimiento en las legislaciones nacionales de unas nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de Internet que no logren observar la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen. Tanto los internautas activos, como los políticos de distintos países temen que esta cláusula criminalice a la mayor parte de la sociedad.
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